Una coalición diversa que agrupa a sindicatos, grupos religiosos, medios conservadores y defensores progresistas ha ratificado en Nueva Orleans una declaración de principios destinada a definir el movimiento pro-humano. Este consenso, publicado el 4 de marzo de 2026, surge como una respuesta directa a lo que los firmantes describen como una extralimitación de las empresas tecnológicas de Silicon Valley en el despliegue de sistemas de inteligencia artificial.
Ejes temáticos y principios de la Declaración Pro-Humana
El documento se estructura en 33 principios organizados en cinco ejes temáticos principales. El primero de ellos es el mantenimiento del control humano sobre la tecnología, asegurando que las máquinas no tomen decisiones autónomas críticas. El segundo eje se centra en evitar la concentración de poder, combatiendo la tendencia de que unas pocas corporaciones y un grupo reducido de multimillonarios controlen la infraestructura cognitiva del futuro. El tercer pilar es la protección de la experiencia humana, el cuarto defiende la agencia y la libertad individual, y el quinto establece la responsabilidad y rendición de cuentas para las empresas desarrolladoras.
Entre las medidas concretas propuestas en la declaración destaca la prohibición de otorgar personalidad jurídica a la inteligencia artificial, rechazando cualquier concepto de personalidad de la IA. Asimismo, exigen la implementación obligatoria de etiquetas que identifiquen claramente si un contenido o interacción proviene de un bot o de un ser humano. Uno de los puntos más estrictos es la demanda de responsabilidad penal para los ejecutivos de empresas de IA que sean responsables de daños graves y flagrantes provocados por sus sistemas.
Organizaciones y figuras públicas detrás del consenso
La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones de espectros políticos opuestos, lo que subraya la magnitud del descontento sectorial. Entre los firmantes se encuentran el Instituto para los Estudios de la Familia, el Instituto Tecnológico de la AFL-CIO, la Federación Americana de Profesores y el Congreso de Líderes Cristianos. También se han sumado el sindicato SAG-AFTRA, Public Citizen, Project Liberty, la asociación G20 Interfaith Forum y los Progressive Democrats of America, además del grupo Parents RISE!.
El respaldo individual es igualmente heterogéneo y reúne a figuras como Steve Bannon y Glenn Beck, desde el sector conservador, y a Susan Rice, exasesora de Seguridad Nacional de EE. UU., y Ralph Nader, desde el ámbito progresista y civil. A este grupo se suman expertos técnicos y teóricos de la IA como Yoshua Bengio, Stuart Russell y Tristan Harris, junto a Meredith Whittaker, de la Signal Foundation, y otros cien firmantes adicionales.
Críticas al transhumanismo y riesgos de la automatización
Anthony Aguirre, presidente y CEO del Future of Life Institute (FLI), ha calificado este movimiento como una respuesta inmunológica ante una carrera tecnológica imprudente cuyo objetivo parece ser la sustitución del ser humano. Aguirre sostiene que las empresas de IA ya han desplegado sistemas que han perjudicado a menores y arruinado vidas a una escala preocupante, advirtiendo que la eliminación masiva de empleos concentrará un poder extraordinario en manos de unos pocos.
Desde la perspectiva de la familia y el trabajador, Michael Toscano, director de la Family First Technology Initiative del Institute for Family Studies, ha criticado que tanto el gobierno federal como Silicon Valley estén impulsando un proyecto transhumanista. El transhumanismo, en este contexto, se refiere a la corriente que busca superar las limitaciones biológicas humanas mediante la tecnología, lo que, según Toscano, pretende suplantar a la persona y a la estructura familiar.
Apoyo ciudadano y campaña Protect What’s Human
La viabilidad de estos principios se ha respaldado con datos de encuestas que muestran un amplio apoyo ciudadano en Estados Unidos. El 83 % de los encuestados coincide en que la humanidad debe mantener el control absoluto sobre la IA. Por otro lado, el 77 % opina que no se debe permitir que las empresas exploten a los niños ni socaven su bienestar mediante interacciones de IA diseñadas para generar vínculos emocionales o ejercer una ventaja manipuladora sobre el usuario.
Para trasladar estas demandas del ámbito académico y político al ciudadano común, el Future of Life Institute ha lanzado la campaña publicitaria Protect What’s Human. Con una inversión de hasta 8 millones de dólares, esta acción busca sacar el debate sobre la IA de Washington y Silicon Valley para involucrar a millones de estadounidenses. Actualmente, la campaña está activa en los estados de Iowa, Kentucky, Maine, Michigan y Carolina del Norte.
Acciones previas y colaboración estatal en Florida
El contexto de esta declaración se enmarca en una serie de acciones previas del FLI. En febrero de 2026, el organismo señaló que las prácticas de seguridad de las empresas de IA no cumplían con sus compromisos públicos. Además, el 27 de marzo de 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, instruyó a las agencias estatales para colaborar con el FLI en la creación de un currículo de entrenamiento para consejeros de crisis y un formulario estatal de reporte de daños por IA, centrado especialmente en aplicaciones de compañía artificial peligrosas.
La coalición advierte que, de no seguirse estos 33 principios, el futuro económico y social se verá comprometido por la automatización indiscriminada. La propuesta busca que la tecnología trabaje en beneficio del trabajador y el bien común, y no como una herramienta de desplazamiento laboral o control social. La declaración pretende actuar como una hoja de ruta o guía fundamental para coordinar las acciones legales y legislativas que limiten la autonomía de los agentes de IA superinteligentes.
Desafíos para la implementación legislativa federal
Aunque la declaración define objetivos claros, persiste la incertidumbre sobre cómo se traducirán estos principios en leyes vinculantes a nivel federal. Mientras que la colaboración en Florida muestra un camino a nivel estatal, la implementación de la responsabilidad penal para ejecutivos requeriría cambios profundos en la legislación corporativa estadounidense. La coalición ha centrado sus esfuerzos en crear un frente unido que obligue a las empresas a priorizar la seguridad y la ética sobre la velocidad de despliegue y el beneficio económico.
